Durante cuatro sexenios, gobiernos federales en México asignaron miles de millones de pesos a empresas fantasma, fachada o inexistentes. Una investigación de Quinto Elemento Lab y el Observatorio de la Corrupción e Impunidad reveló que más de 800 compañías señaladas como EFOS recibieron contratos públicos por 11 mil 492 millones de pesos.
La contratación pública en México vuelve a estar bajo la lupa. Una investigación titulada “Fantasmas del erario”, realizada por Quinto Elemento Lab en colaboración con el Observatorio de la Corrupción e Impunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, documentó cómo distintas administraciones federales entregaron recursos públicos a empresas consideradas inexistentes o simuladoras de operaciones.
De acuerdo con el análisis, entre los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, el gobierno mexicano firmó 3 mil 529 contratos con más de 800 empresas inexistentes, también conocidas como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS).
Qué son las empresas fantasma o EFOS
Las empresas fantasma son compañías que, en apariencia, existen legalmente, pero no cuentan con la infraestructura, personal, oficinas, activos o capacidad real para prestar los servicios por los que cobran.
En México, el Servicio de Administración Tributaria identifica a muchas de estas compañías como EFOS, es decir, empresas que emiten facturas por operaciones simuladas. En la práctica, pueden ser utilizadas para justificar pagos, desviar recursos, evadir impuestos o encubrir contratos irregulares.
El problema no solo está en la existencia de estas compañías, sino en que varias de ellas lograron acceder a contratos públicos durante años.
Más de 11 mil millones de pesos bajo investigación pública
La investigación señala que las administraciones federales entregaron 11 mil 492 millones de pesos a empresas fantasma mediante contratos financiados con recursos públicos.
Esta cifra muestra la magnitud del problema y plantea preguntas sobre los mecanismos de verificación usados por las dependencias públicas antes de contratar proveedores.
El caso también evidencia posibles fallas en los sistemas de control, fiscalización, auditoría y seguimiento de contratos gubernamentales.
Cuatro sexenios marcados por contrataciones irregulares
Uno de los puntos más relevantes del reportaje es que el fenómeno no se limita a un solo gobierno. La investigación cubre cuatro sexenios, desde Fox hasta López Obrador, lo que indica que la contratación con empresas fantasma fue un problema persistente dentro del sistema público mexicano.
Esto convierte el caso en un asunto estructural. Más allá de nombres específicos o periodos políticos, el uso de proveedores inexistentes revela debilidades institucionales que permitieron que estas compañías participaran en procesos de contratación y recibieran dinero público.
Empresas fantasma y daño al erario
El daño al erario puede ir más allá del pago directo por servicios no comprobados. Según Quinto Elemento Lab, las EFOS también pueden generar otros impactos, como incumplimiento de contratos, servicios deficientes, sobrecostos y evasión fiscal.
Cuando una empresa fantasma recibe recursos públicos, el problema no termina en el contrato. También puede afectar obras, programas sociales, servicios públicos, compras gubernamentales y proyectos que debían beneficiar a la ciudadanía.
Contrataciones públicas bajo revisión
El caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer los controles en las compras públicas. Las instituciones deben verificar con mayor rigor quiénes son sus proveedores, si tienen capacidad operativa, si cumplen obligaciones fiscales y si realmente pueden entregar los bienes o servicios contratados.
La transparencia también es clave. Bases de datos abiertas, auditorías independientes, seguimiento ciudadano y sanciones efectivas pueden ayudar a reducir el uso de empresas fachada dentro del gasto público.
Corrupción, facturación falsa y rendición de cuentas
Las empresas fantasma suelen funcionar como piezas dentro de esquemas más amplios de corrupción. Pueden servir para simular servicios, triangular recursos o justificar pagos que no corresponden con operaciones reales.
Por eso, la investigación no solo expone cifras, sino que también señala un reto de fondo: mejorar la rendición de cuentas y evitar que recursos públicos terminen en redes de simulación.
Una base de datos para consultar los casos
Como parte del proyecto, Quinto Elemento Lab publicó una base de datos sobre Fantasmas del erario, donde se documentan contratos y empresas relacionadas con esta investigación. El objetivo es facilitar la consulta pública y permitir que periodistas, investigadores y ciudadanos puedan revisar la información disponible.
Este tipo de herramientas son importantes porque permiten dar seguimiento a los casos, comparar información y exigir respuestas a las instituciones involucradas.
